Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (CONFEPUV)

PROFESIONALES EXHORTAN AL PUEBLO A VOTAR POR EL NO EN LA CONSULTA DEL 2 DE DICIEMBRE.

AGOTADAS LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LOS CIUDADANOS NO TENEMOS OTRA INSTANCIA SINO VOTAR POR EL NO, A FIN DE RESTABLECER NUESTROS DERECHOS HUMANOS.

Los Profesionales y Técnicos Universitarios agrupados en los Colegios Profesionales y Asociaciones Civiles de todo el país, hacemos un llamado para que todo ciudadano el próximo 2 de diciembre, haga derecho al voto en la consulta sobre la Reforma Constitucional, propuesta por el Presidente de la República y extendida por la Asamblea Nacional. Asimismo exhortamos a que se incorporen (especialmente los abogados) en la supervisión y control del acto de votación como testigos electorales, pues es un mandato establecido en la Constitucional, así como un deber con la sociedad como lo disponen las leyes de colegiación y Códigos de Ética.
La Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (CONFEPUV), en su oportunidad acudimos al Tribunal Supremo de Justicia a interponer una Acción Popular por Inconstitucionalidad y en fecha 22 de noviembre la Sala Constitucional no entró a conocer las violaciones denunciadas, sino que se dedicó a expresar que el proyecto de reforma está en proceso de trámite y no es susceptible de control jurisdiccional.
Conforme a la Constitución sólo le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia establecer las violaciones por parte del Presidente de la República. En el caso de la Reforma por razones de economía de Estado, ha debido el TSJ impedir el proceso de Reforma Constitucional porque nació viciado, ya sea por no cumplir los pasos que ordena la Constitucional Nacional o porque nos encontramos en una transformación del Estado que es competencia exclusiva del pueblo por medio de una Asamblea Nacional Constituyente.
Los magistrados que rechazaron la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, expresaron que la sentencia viola el principio de principio de universalidad del control de todos los actos del Poder Público, esto es, que todo acto debe estar controlado a fin que siga las pautas constituciones, pues ningún Poder Público, tiene el privilegio de estar ajeno del control Constitucional.
Por ello, los ciudadanos no tenemos otra instancia que podamos acudir para restablecer los postulados de la Constitución de 1999 y por ello, la única arma cívica que podemos utilizar es el voto el 2 de diciembre.
Compartimos con algunos venezolanos que el árbitro no es confiable. Por su parte, el Ejecutivo se vale de los recursos del Estado para promover su propuesta provocando ventajismo. Asimismo, actores políticos del oficialismo ejercen una guerra sicológica contra todo empleado público, contratistas o usuario de cualquier servicio público, para tratar de imponer una nueva Constitución.
Acudir a votar no significa de modo alguno convalidar la propuesta del Presidente de la República. En este sentido, el Artículo 25 Constitucional dispone que “todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley son nulos; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
Las normas de orden público nunca pueden ser convalidadas. En idénticas circunstancia se encontraría un trabajador que por cualquier motivo (presión del patrono, ignorancia o necesidad), acepte o firme una liquidación de prestaciones sociales por un monto menor a lo que le corresponda. El trabajador podrá recibir un adelanto de sus beneficios, pero posteriormente tiene todo su derecho de exigir el resto de sus prestaciones sociales.
Los Magistradotes disidentes expresaron que es indudable que ni siquiera la aprobación por referéndum popular podría convalidar la inconstitucionalidad de una reforma que se hubiere promulgado en contravención con los principios, valores y normas concretas que la rigen; de forma semejante como las causales de inelegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular no pueden ser saneadas a través del voto.

RAFAEL VELOZ GARCIA
rafaelvelozg@gmail.com
Celulares:0416.6359618 – 0414.0275884

Breve Reseña de su Organización

La Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (CONFEPUV), es una Asociación Civil debidamente registrada, de carácter independiente, sin fines lucrativos, constituida el 21 de Enero 2003.

Las iniciativas de agrupar al sector profesional se remonta a 1968 cuando algunos dirigentes gremiales dieron los primeros pasos para su constitución, pero por distintos motivos no fue posible amalgamar un programa para este importante segmento de la población venezolana.

El objeto primordial de CONFEPUV es asociar y agrupar de manera directa a los profesionales egresados de Universidades nacionales y extranjeras, a los técnicos universitarios egresados de los Colegios e Institutos Universitarios y aquellas Instituciones de Profesionales de carácter público o privado que tienen ley de colegiación, o por el contrario, las iniciativas de voluntariado que se agrupan alrededor de Fundaciones o Asociaciones Civiles.

La naturaleza de la Confederación de Profesionales se desprende de la convicción que tienen los Miembros de esta Asociación de ser partícipes y protagonistas en el desarrollo social, económico, educativo, cultural y moral de la nación, para perseguir la participación de diversidades cognoscitivas, alcanzadas a través de estudios universitarios, y por cuya razón, dentro de sus propósitos, la Asociación Civil busca reunir una gran gama de profesionales y técnicos universitarios, formados en múltiples disciplinas, ciencias, técnicas y artes, con el fin de que con sus talentos contribuyan con el progreso del país, observando como norte y de manera indisoluble la ética profesional, los valores y derechos humanos y principios filantrópicos elementales, tales como la cooperación, el respeto mutuo y la fraternidad para con todas las individualidades de la sociedad civil en general, y para con los miembros y asociados de la Confederación, sellándose así su altruista actividad, por cuanto su primordial función es la función social sin fin de lucro alguno .

Actualmente cuenta con la incorporación institucional de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y otras organizaciones profesionales, así como profesionales y técnicos universitarios de distintas disciplinas.

Muchos foros, talleres y actividades académicas hemos desarrollado en materias como las ciencias médicas, economía y finanzas, jurídicas, sociales, entre otras.

En los estados del interior del país se organizan como capítulos, de acuerdo a los Estatutos de CONFEPUV (Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela) y su Junta Directiva nacional la integra el Comité Operativo compuesto por dos (2) representantes por disciplina profesional y los Presidentes en funciones de los Colegios Nacionales o Federación de Colegios. Las reuniones del Comité Operativo son semanales y la Junta Directiva Nacional se reúne una vez al mes. De acuerdo a los temas que se ventilan sobre Políticas Públicas, nuestra organización plantea sus pronunciamientos.

Los temas que abordamos están dirigidos a los programas y problemas comunes de los gremios profesionales. Colaboramos con los distintos Colegios Profesionales y asociaciones científicas y mantenemos una constante vigilia sobre los derechos fundamentales de la población venezolana. Todas las actividades están inspiradas en lo establecido en el Artículo 105 de nuestra Constitución Nacional, donde la Norma Fundamental de 1999 reconoce a los Colegios Profesionales como instrumentos intermedios del Estado al servicio del ciudadano.

Nuestro programa institucional está dirigido a los siguientes particulares:

* Promoción de programas para la defensa de los derechos fundamentales contemplados en nuestra Carta Magna: El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, los derechos humanos, entre otros.

* Convenios para el mejoramiento profesional integral en asuntos interdisciplinarios, por ejemplo en materias: antidroga, derechos humanos, actividades culturales, etc.

* Interrelación de esfuerzos, en materia salarial, la defensa de las convenciones colectivas de aquellos profesionales en situación de dependencia.

Para el año 2008, nuestra organización desarrollará un programa dirigido al fortalecimiento de medidas para disminuir la pobreza, pues ella constituye la principal restricción de libertad del ciudadano.

Los pobres tienen con frecuencia a su disposición recursos que pudiesen mejorar sus vidas, pero el sistema legal no les es favorable. Así, por ejemplo, es usual que carezcan de ciertos derechos, ya no solo en términos teóricos, sino que desde el punto de vista práctico los derechos son inejecutables. Que una persona tenga derecho a cobrar un crédito, pero en la práctica le tome tiempo y dinero más allá de sus posibilidades, es en esencia una denegación del derecho.

De ésta manera los pobres carecen de acceso al capital. Fortalecer legalmente a los pobres, consiste en desamarrar las trabas del sistema que impiden que los pobres puedan desarrollar actividades productivas eficientes, donde los beneficios excedan los costos. Hay que proveer a los pobres de herramientas jurídicas para que se les reconozcan sus derechos.

Vamos a proponer la socialización del capital en Venezuela de acuerdo a dos mecanismos: a) capitalizando a los pobres y b) legalización de la economía informal.

En efecto, los pobres son dueños de bienes que no pueden transar en la economía formal: los ranchos. Y no lo pueden hacer porque el sistema legal formal no les reconoce la titularidad sobre esos bienes. Es lo que se conoce como el capital muerto, cuya legalización otorgaría un enorme poder económico a los pobres.

Sin embargo, si el sistema legal permitiera que ciertos bienes muebles intangibles como las ventas futuras, las cuentas por cobrar, los inventarios, las ideas y el punto comercial, entre otros, pudiesen ser dados en garantías a través de un sistema de registro automático de garantía y de rápida reposesión, a los pobres se le estaría proveyendo de una poderosa herramiento de fortaleciento legal que les daría acceso a capital.

Por ello, transferir la riqueza petrolera de Venezuela del Estado a los venezolanos sería el inicio de un fascinante proceso de transferencia de poder económico. Esto se puede hacer siguiendo el modelo empleado en la República Checa, según el cual todos los ciudadanos reciben unos “vouchers de privatización”, o títulos representativos de derechos. Ese modelo no discriminaba entre los ciudadanos y establecía que esos “vouchers” sólo podían ser canjeados por acciones en las compañías a privatizar o por participaciones en los fondos de inversión quienes luego los invertían en acciones de las compañías en proceso de privatización.

Para cualquier información o petición de incorporación a nuestro trabajo, pueden

hacerlo a travès de nuestro correo electrònico: confederacionprofesionalesvzla@gmail.com.

RAFAEL VELOZ GARCIA
Presidente de la Confederaciòn de Profesionales Universitarios de Venezuela (Confepuv).