PROPUESTA DEL PARLAMENTO SOBRE EL SISTEMA DE JUSTICIA, NO ATACA LA INSEGURIDAD, ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS EXCLUIDOS SOCIALES Y EL DRAMA PENINTENCIARIO. INCORPORA A REPRESENTANTES DE OTROS PODERES PUBLICOS NO PERMITIDOS POR LA CONSTITUCION NACIONAL.
Como una reedición de las propuestas de la Alta Comisión de Justicia de la Cuarta República, calificó el Presidente de la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (CONFEPUV), Rafael Veloz, el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Justicia, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el 15 de octubre.
La Constitución Nacional de 1999, ordenó a la Asamblea Nacional que en un lapso de un año se elaborara la legislación referida al Sistema de Justicia, y después de casi ocho años de vencida, propone una composición de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia distinta a la establecida por la propia Constitución.
En efecto, el Artículo 253 Constitucional establece que el Sistema de Justicia estará constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios y funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley, y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. Podemos sintetizar, que deberán integrar el sistema de justicia, los representantes de las siguientes instituciones: Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensoría Pública, Sistema Penitenciario (Ministerio de Interior y Justicia), Medios Alternativos de Justicia, Ciudadanos que participan en la administración de Justicia y la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.
Cada uno de los componentes del Sistema de Justicia, tiene sus atribuciones, competencias y autonomía de acuerdo a sus respectivas leyes, y se trata de establecer un cuerpo normativo que procure establecer políticas públicas en materia de justicia que logre coordinar estos componentes. Quedan excluidos, por ahora, los medios alternativos de Justicia y los ciudadanos que participan en la administración de justicia, porque la Asamblea Nacional se ha olvidado de ellos en estos casi 10 años.
Se extralimita la Asamblea Nacional en incorporar a representantes de la Asamblea Nacional, Ministros pertenecientes al Ejecutivo Nacional y el Procurador General de la República. No puede una ley, modificar la constitución de un organismo del estado (sistema de justicia) ya establecido en nuestra Constitución.
El proyecto de ley, invoca el Artículo 136 Constitucional, en el cual se dispone que “cada una de las ramas del Poder Público Nacional tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe colaborarán entre sí para el logro de los fines esenciales del Estado”. En democracia, los Poderes Públicos tienen sus funciones propias que deben desarrollarse con plena autonomía; y por otro lado, debe existir mutua cooperación para el logro de los fines del Estado. No significa que debamos incorporar parlamentarios en el Sistema de Justicia ó destacar Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en las tareas de la Asamblea Nacional, sino que debe de existir un mutuo apoyo, pero siempre conservando la independencia y autonomía de sus funciones.
La potestad de administración de justicia emana de los ciudadanos. De ahí, la necesaria incorporación de las organizaciones sociales, como los consejos comunales o otros tipos de organización de la sociedad, en las propuestas y controles en el sistema de justicia. Mas, debemos de estar alertas, en la lamentable contaminación de elementos “partidistas” en la reciente designación de los consejos comunales.
Esta sería una excelente oportunidad para buscar remedios para el drama de la impunidad, acceso a la justicia de la población excluida de ella, políticas coordinadas para el tema de la inseguridad, así como procurar compatibilizar soluciones al problema penitenciario.
Para ello, la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (CONFEPUV) propone abrir un debate público, donde puedan participar “sin privilegios” todos los sectores de la sociedad, a los fines de buscar soluciones a los serios problemas de la justicia, así como adecuados medios de control a los poderes públicos, responsables directos de la administración de justicia, impunidad y acceso a la justicia.
RAFAEL VELOZ GARCIA
Presidente
0414.0275884 – 0416.6359618
La Constitución Nacional de 1999, ordenó a la Asamblea Nacional que en un lapso de un año se elaborara la legislación referida al Sistema de Justicia, y después de casi ocho años de vencida, propone una composición de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia distinta a la establecida por la propia Constitución.
En efecto, el Artículo 253 Constitucional establece que el Sistema de Justicia estará constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios y funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley, y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. Podemos sintetizar, que deberán integrar el sistema de justicia, los representantes de las siguientes instituciones: Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensoría Pública, Sistema Penitenciario (Ministerio de Interior y Justicia), Medios Alternativos de Justicia, Ciudadanos que participan en la administración de Justicia y la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.
Cada uno de los componentes del Sistema de Justicia, tiene sus atribuciones, competencias y autonomía de acuerdo a sus respectivas leyes, y se trata de establecer un cuerpo normativo que procure establecer políticas públicas en materia de justicia que logre coordinar estos componentes. Quedan excluidos, por ahora, los medios alternativos de Justicia y los ciudadanos que participan en la administración de justicia, porque la Asamblea Nacional se ha olvidado de ellos en estos casi 10 años.
Se extralimita la Asamblea Nacional en incorporar a representantes de la Asamblea Nacional, Ministros pertenecientes al Ejecutivo Nacional y el Procurador General de la República. No puede una ley, modificar la constitución de un organismo del estado (sistema de justicia) ya establecido en nuestra Constitución.
El proyecto de ley, invoca el Artículo 136 Constitucional, en el cual se dispone que “cada una de las ramas del Poder Público Nacional tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe colaborarán entre sí para el logro de los fines esenciales del Estado”. En democracia, los Poderes Públicos tienen sus funciones propias que deben desarrollarse con plena autonomía; y por otro lado, debe existir mutua cooperación para el logro de los fines del Estado. No significa que debamos incorporar parlamentarios en el Sistema de Justicia ó destacar Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en las tareas de la Asamblea Nacional, sino que debe de existir un mutuo apoyo, pero siempre conservando la independencia y autonomía de sus funciones.
La potestad de administración de justicia emana de los ciudadanos. De ahí, la necesaria incorporación de las organizaciones sociales, como los consejos comunales o otros tipos de organización de la sociedad, en las propuestas y controles en el sistema de justicia. Mas, debemos de estar alertas, en la lamentable contaminación de elementos “partidistas” en la reciente designación de los consejos comunales.
Esta sería una excelente oportunidad para buscar remedios para el drama de la impunidad, acceso a la justicia de la población excluida de ella, políticas coordinadas para el tema de la inseguridad, así como procurar compatibilizar soluciones al problema penitenciario.
Para ello, la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (CONFEPUV) propone abrir un debate público, donde puedan participar “sin privilegios” todos los sectores de la sociedad, a los fines de buscar soluciones a los serios problemas de la justicia, así como adecuados medios de control a los poderes públicos, responsables directos de la administración de justicia, impunidad y acceso a la justicia.
RAFAEL VELOZ GARCIA
Presidente
0414.0275884 – 0416.6359618