Rafael Veloz, Presidente de la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (CONFEPUV), informó que proponen organizar una agenda conjunta entre las distintas organizaciones no gubernamentales, Colegios Profesionales, y otras Instituciones, para realizar todas las acciones que permita nuestra Constitución Nacional y Leyes de la República contra la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia dictada por el Ejecutivo Nacional bajo la habilitación del Parlamento.
Para ello, es necesario alertar al pueblo sobre el contenido de la ley por medio de los medios de comunicación, pero en especial, con el contacto directo con las comunidades organizadas de todo el país.
Ponemos a disposición nuestras sedes y mejores especialistas para informar a los ciudadanos sobre el alcance de esta ley.
CONFEPUV recientemente se había pronunciado contra la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia indicando que el Presidente de la República, no había definido las fronteras de la defensa y seguridad nacional y ello era dejar un cheque en blanco a los funcionarios del gobierno la discrecionalidad sobre el interés estratégico de la nación, las posibles amenazas o el temor fundado en la comisión de un delito.
Alertaban los profesionales universitarios sobre la declaratoria de la competencia exclusiva del Ejecutivo Nacional, prohibiendo a los órganos del sistema de justicia, como son: los órganos de justicia, policía de investigación o el Ministerio Público, su control. Las actas declaradas confidenciales no podrán ser supervisadas por los Tribunales o fiscales del Ministerio Público. Asimismo se establece un sistema de protección de testigos sin orden judicial.
Establece la ley que cuando exista temor fundado de la comisión de un delito, los funcionarios del Poder Ejecutivo podrán realizar las diligencias que consideren prudente sin requerir orden judicial, ni fiscal para la defensa y seguridad de la nación. Las resultas de estas diligencias podrán incorporarse libremente en el proceso judicial. Cuando lo requiera puede mantenerse la confidencialidad o secreto sobre indicios o pruebas preconstituidas.
Asimismo establece que toda persona que posea información de interés estratégico de la Nación, está en la obligación de suministrarla so pena de sanciones privativas de libertad.
A criterio de esta organización de profesionales, esta ley vulnera disposiciones constitucionales relativas al debido proceso e independencia del Sistema de Justicia. Establece un régimen de exclusividad a favor del Ejecutivo Nacional en materia de investigación, sustanciación de las pruebas y hasta del establecimiento de la confidencialidad o secreto de las actuaciones. Una de las materias eliminadas en el sistema anterior que produjo muchas violaciones a los derechos humanos era precisamente el secreto en las actuaciones judiciales de carácter penal.
Este novedoso sistema de "administración de justicia" por parte de funcionarios dependiente del Ejecutivo Nacional, constituye un "ESTADO PARALELO" porque nuestra Constitución le confiere esta competencia al Sistema de Justicia.
Para ello, es necesario alertar al pueblo sobre el contenido de la ley por medio de los medios de comunicación, pero en especial, con el contacto directo con las comunidades organizadas de todo el país.
Ponemos a disposición nuestras sedes y mejores especialistas para informar a los ciudadanos sobre el alcance de esta ley.
CONFEPUV recientemente se había pronunciado contra la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia indicando que el Presidente de la República, no había definido las fronteras de la defensa y seguridad nacional y ello era dejar un cheque en blanco a los funcionarios del gobierno la discrecionalidad sobre el interés estratégico de la nación, las posibles amenazas o el temor fundado en la comisión de un delito.
Alertaban los profesionales universitarios sobre la declaratoria de la competencia exclusiva del Ejecutivo Nacional, prohibiendo a los órganos del sistema de justicia, como son: los órganos de justicia, policía de investigación o el Ministerio Público, su control. Las actas declaradas confidenciales no podrán ser supervisadas por los Tribunales o fiscales del Ministerio Público. Asimismo se establece un sistema de protección de testigos sin orden judicial.
Establece la ley que cuando exista temor fundado de la comisión de un delito, los funcionarios del Poder Ejecutivo podrán realizar las diligencias que consideren prudente sin requerir orden judicial, ni fiscal para la defensa y seguridad de la nación. Las resultas de estas diligencias podrán incorporarse libremente en el proceso judicial. Cuando lo requiera puede mantenerse la confidencialidad o secreto sobre indicios o pruebas preconstituidas.
Asimismo establece que toda persona que posea información de interés estratégico de la Nación, está en la obligación de suministrarla so pena de sanciones privativas de libertad.
A criterio de esta organización de profesionales, esta ley vulnera disposiciones constitucionales relativas al debido proceso e independencia del Sistema de Justicia. Establece un régimen de exclusividad a favor del Ejecutivo Nacional en materia de investigación, sustanciación de las pruebas y hasta del establecimiento de la confidencialidad o secreto de las actuaciones. Una de las materias eliminadas en el sistema anterior que produjo muchas violaciones a los derechos humanos era precisamente el secreto en las actuaciones judiciales de carácter penal.
Este novedoso sistema de "administración de justicia" por parte de funcionarios dependiente del Ejecutivo Nacional, constituye un "ESTADO PARALELO" porque nuestra Constitución le confiere esta competencia al Sistema de Justicia.
RAFAEL VELOZ GARCIA
Presidente
rafaelvelozg@gmail.com
Cels. 0416.6359618 – 0414.0275884